Spain/ 1. Perspectiva histórica: políticas e instrumentos culturales  

Autor: Anna Villarroya

El desarrollo de las políticas culturales democráticas en España no puede entenderse sin un conocimiento del largo periodo dictatorial transcurrido entre 1939 y 1975. La victoria de los nacionales en la Guerra Civil (1936-1939) abrió las puertas a la dictadura del General Franco. Se produjo, en un primer periodo, la purga de las instituciones académicas y culturales, viéndose obligados muchos científicos y artistas a exiliarse en el extranjero. La Ley de Prensa de 1938 impuso la censura y el control de la información por el estado. El partido político único controlaba una poderosa maquinaria propagandística y periodística. La cultura oficial del franquismo unía un ferviente nacionalismo a un catolicismo igualmente vehemente, y su predilección artística se centraba en los estilos tradicionales. Apelaba al pasado imperialista español y subrayaba el tema de la hermandad de los pueblos de habla hispana. Durante este tiempo se anuló buena parte del carácter institucional de las culturas regionales y se desalentó el uso social de las lenguas peninsulares distintas al español. La "cultura de la evasión", amparada en el fútbol, los toros, el cine, la radio, la ficción popular y las revistas de chismorreos, proporcionaba al gobierno los instrumentos necesarios para la cohesión social y el mantenimiento de la ignorancia política.

A partir de 1960, las rígidas políticas aplicadas en materia de prensa y educación comenzaron a suavizarse. La nueva Ley de Prensa de 1966 fue un tímido esfuerzo de desregulación. Se adoptaron medidas para la financiación pública de actividades culturales y se ofreció apoyo a determinados proyectos de vanguardia, como el festival de cine de San Sebastián o la participación española en bienales internacionales de arte. Sin embargo, pese a esto, la evolución económica y cultural no hizo sino generar una amplia división entre las demandas de la sociedad y lo que el régimen tenía que ofrecer. Esta creciente separación fue cubierta por la recuperación de la tradición liberal reformista española de principios del siglo XX y, con ella, aunque frecuentemente en forma de oposición, por una nueva cultura de conciencia crítica entre círculos cada vez mayores del mundo universitario y artístico.

A la muerte del General Franco en 1975, España era un país más moderno y libre de prejuicios que su régimen político. La evolución económica y educativa, junto al mayor equilibrio de clases alcanzado tras los años sesenta, explica la forma relajada en que los españoles vivieron el regreso a la democracia y el posterior acceso a la Comunidad Europea. En 1976-7, los primeros gobiernos de la recién restaurada monarquía introdujeron reformas decisivas en el derecho de prensa. Se suprimió el Ministerio de Información y Turismo, se cerraron o vendieron los periódicos dirigidos por el estado y se puso fin al monopolio de las retransmisiones radiofónicas de Radio Nacional. La Constitución de 1978 y los estatutos de autonomía aprobados bajo su amparo iniciaron un periodo de libertad de prensa y expresión artística, a lo cual se unió una mayor actividad pública en la difusión de la cultura y en el pleno reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de España.

En 1977 se creó el Ministerio de Cultura, otorgándosele las responsabilidades anteriormente ejercidas por el Ministerio de Educación en lo relativo al patrimonio nacional y las bellas artes, y encargándose también de las políticas del cine, el teatro, la música y la danza, hasta entonces correspondientes al Ministerio de Información y Turismo. El nuevo Ministerio defendía el principio de la neutralidad del estado en cuestiones culturales y reconocía la pluralidad de la sociedad civil. A través de exposiciones internacionales, congresos, premios y nombramientos, se recuperó buena parte del patrimonio cultural silenciado por el franquismo y se reconoció el trabajo de los artistas e intelectuales exiliados. El trabajo del Ministerio, y fundamentalmente el realizado desde muchos ayuntamientos, fue decisivo para el desarrollo de la infraestructura cultural (museos, archivos y bibliotecas), la protección del patrimonio cultural de la nación y la promoción de instituciones culturales nuevas o ya existentes (la Orquesta Nacional, el Ballet Nacional, el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, etc.).

A partir de 1982, diferentes gobiernos socialistas ponen el acento en la presencia del estado en aquellas áreas donde la iniciativa privada podría ser insuficiente. En la fase inicial, hasta 1986, el objetivo central fue conservar el muy deteriorado patrimonio histórico y artístico (Ley del Patrimonio Histórico de 1985), renovar teatros y auditorios, y subvencionar la expresión artística. La transferencia gradual de responsabilidades a las autoridades regionales condujo a una reorganización y simplificación de la estructura ministerial. Fue en este periodo cuando se concedió al Ministerio de Cultura la estructura operativa, que ha conservado sin grandes modificaciones hasta el día de hoy (Decreto de 24 de abril de 1985).

En una segunda fase, de 1986 a 1996, culminan una serie de actuaciones que proporcionan gran visibilidad a la política cultural. Se inauguraron museos y salas de conciertos como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, en 1986; el Auditorio Nacional de Música de Madrid, en 1988; el Instituto Valenciano de Arte Moderno y el Centro Atlántico de Arte Moderno de las Islas Canarias, en 1989; el Palacio de Festivales de Cantabria, en 1991; el Centro Gallego de Arte Contemporáneo y el Museo de Arte Thyssen-Bornemisza, en 1993; el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y el Museo Domus de La Coruña, en 1996. Además, tuvieron lugar importantes acontecimientos internacionales dotados de un importante elemento cultural, como los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla, el Quinto Centenario del Descubrimiento de América y la designación de Madrid como Capital Europea de la Cultura en 1992; se crearon planes para la promoción de la edición de libros y la industria cinematográfica; y se establecieron redes culturales y realizaron esfuerzos para elevar la capacidad profesional de artistas e intérpretes. Fuera de España, el mundo comenzó a reconocer la recuperación del arte y la cultura española, y las autoridades adoptaron medidas encaminadas a este fin, culminando en 1991 con la creación del Instituto Cervantes.

Son años de gran efervescencia artística y libertad expresiva, de reivindicación de las identidades plurales y apertura internacional. La proliferación de exposiciones, conciertos, festivales y cursos de verano, y su amplia difusión en los medios de comunicación responde a una genuina demanda social. Se dispara la asistencia a actos culturales y las industrias editorial, musical y cinematográfica conocen un gran desarrollo. Bien por iniciativa del gobierno central, bien por la acción de los gobiernos autonómicos y locales, se emprenden ambiciosas reformas urbanas en torno a proyectos de carácter cultural (museos, auditorios, centros de arte, exposiciones y eventos internacionales).

No obstante, esta gran oferta cultural convive con carencias y limitaciones, enmascarando hasta cierto punto: la insuficiencia de la red de bibliotecas públicas; los bajos índices de lectura; la deficiente conservación del patrimonio artístico; y la debilidad de las enseñanzas artísticas. La estructura de gobierno descentralizada consiguió frecuentemente recuperar y fortalecer la diversidad cultural regional, pero no siempre produjo una mayor participación en actividades culturales o mejoró el nivel de la creación artística. Las expectativas despertadas por la televisión privada, introducida en 1988, se vieron frustradas por la banalidad de su contenido. La dicotomía entre cultura de masas y de vanguardia y la pérdida de la función política representada por la creatividad en los días de la dictadura se convirtieron pronto en señales de normalización de la cultura española después de 1975.

El marco constitucional de 1978 da un gran empuje a la acción cultural de las Comunidades Autónomas y los municipios. Las primeras desarrollarán políticas muy activas en el ámbito del patrimonio y la construcción de equipamientos emblemáticos. En aquellas con lengua propia, la acción cultural será estratégica para la recuperación y el desarrollo de la identidad regional, muy especialmente mediante leyes de normalización lingüística. El gran esfuerzo de la administración local, generadora del grueso del gasto cultural de las administraciones públicas, tiene sus orígenes en los gobiernos locales nacidos de las primeras elecciones municipales democráticas en 1979, que apostaron por la cultura y la recuperación de la calle como espacio festivo colectivo.

En 1996, el nuevo gobierno liberal-conservador del Partido Popular unió los Ministerios de Cultura y Educación, creando un nuevo Ministerio con una Secretaría de Estado de Cultura. Dos estrategias diferentes respaldaban teóricamente esta decisión: por un lado, la creación de una Comisión de Asuntos Culturales que promovería la cultura como área prioritaria; por el otro, el desarrollo de una mayor relación entre política educativa y cultural. En su segundo mandato (2000-2004), el gobierno añadió los deportes a las responsabilidades del Ministerio. Pese a los cambios producidos en el estatus de la Secretaría de Estado de Cultura, su estructura organizativa apenas experimentó modificaciones desde 1985.

Desde la segunda mitad de la década de los noventa, la política cultural se encaminó fundamentalmente a garantizar la neutralidad cultural del estado y reconocer la diversidad cultural de las regiones. Aunque pudiera parecer que se prestó particular atención al "cuidado del patrimonio", la creación artística no sufrió en consecuencia. Las líneas generales de la actividad ministerial en esta etapa continuaron siendo las mismas: la protección y la difusión del patrimonio histórico de España; la gestión de los grandes museos, archivos y bibliotecas nacionales; y la promoción y difusión del cine, el teatro, la danza y la música.

Más específicamente, durante los dos mandatos del Partido Popular (1996-2000 y 2000-2004), un gran Plan de Inversiones ayudó a la reforma y mejora de auditorios, museos, archivos y bibliotecas, y aumentó el acceso público a catedrales, castillos, edificios religiosos, arquitectura industrial y paisajes naturales. Se aplicaron nuevas tecnologías en el sector de los archivos, y el Plan de promoción de la lectura formó parte de un esfuerzo por aumentar la participación cultural. Se asignó una gran proporción del presupuesto de inversión del Ministerio al Paseo del Arte de Madrid, que incluía ampliaciones del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza. Asimismo, se realizaron otras inversiones sustanciales en la renovación del Museo Nacional de Arte de Cataluña y el Teatro Real de la Ópera de Madrid, así como en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. El apoyo a la industria cinematográfica se amplió y consolidó mediante una nueva Ley del Cine (Ley 15/2001).

La tendencia a la desregulación del gobierno del Partido Popular propició intentos por implicar al sector privado en las principales iniciativas culturales. La eficiencia en la gestión y la autonomía operativa fueron conceptos clave en la reorganización del Museo del Prado y la Orquesta y Coro Nacionales de España (2003), así como en la creación de organismos como las dos sociedades estatales para la Acción Cultural Exterior (SEACEX) y las Conmemoraciones Culturales (SECC). Se adoptaron nuevas normativas fiscales para estimular la financiación privada de iniciativas culturales, como la Ley de Patrocinio y Mecenazgo de 2002.

El Partido Socialista llegó al gobierno tras las Elecciones Generales de marzo de 2004 y reorganizó la estructura ministerial (Real Decreto 1601/2004 por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura). El Ministerio de Cultura volvió a ser una entidad separada del Ministerio de Educación, aunque con los mismos departamentos que la anterior Secretaría de Estado de Cultura: la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales; la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas; y la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural. Otros órganos que dependían anteriormente de la Secretaría de Estado obtuvieron un estatus independiente y un cierto nivel de autonomía operativa, aunque continuaron bajo el paraguas del nuevo Ministerio: el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Biblioteca Nacional, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Tras la reelección en 2008, el nuevo gobierno socialista reestructuró los departamentos del Ministerio de Cultura (Real Decreto 1132/2008 por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura) e hizo de las industrias culturales una de sus máximas prioridades. Así, se creó una nueva Dirección General de Política e Industrias Culturales, en sustitución de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural. La crisis económica iniciada a finales de 2007 en el sector financiero inmediatamente hizo sentir sus efectos en la cultura, con una nueva reorganización del Ministerio de Cultura, que pretendió aligerar su estructura, y unos presupuestos austeros como vía principal de reducción del déficit público.

Las elecciones de noviembre de 2011 llevaron al Partido Popular de nuevo al gobierno y a la integración de la cultura en un nuevo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Real Decreto 257/2012 por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). Más allá de los cambios estructurales y de los recortes en la administración pública, la cultura y la educación han sido dos de las materias que mayor desencuentro han causado entre la Administración central y las Comunidades Autónomas, en especial, aquellas con lengua propia (véase también el apartado 2.3).


Capítulo publicado: 05-01-2014


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