Chile/ 1. Perspectiva histórica: políticas e instrumentos culturales  

Autor: Simón Palominos Mandiola

Algunos elementos históricos de la relación entre cultura y política

El concepto de política cultural refiere de manera directa a las relaciones entre las dimensiones política y simbólica de las sociedades contemporáneas. Esta afirmación, aparentemente trivial, exige una consideración de las características de dicha relación, la cual eventualmente se manifiesta en instrumentos específicos de administración pública del campo cultural. En este sentido, si bien hay una permanente relación entre cultura y política, o entre la dimensión simbólica y aquella que administra el poder social y las relaciones (de acuerdo o conflicto) entre distintos sujetos sociales (proceso que es rastreable en América Latina hasta el encuentro entre pueblos originarios y conquistadores europeos), la preocupación estatal por el campo cultural surge con el nacimiento de la esfera pública durante el siglo XVIII (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes [CNCA], 2012a).

Al respecto, el sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón, identifica dos dimensiones de la cultura que dan origen a distintas clases de política cultural. En un primer nivel general se encontraría el concepto de cultura cercano a la antropología y los estudios culturales, que le definen a partir de los modos de ser de una sociedad o comunidad, sus visiones del tiempo, naturaleza, trascendencia, sistemas simbólicos, herencia cultural e identidades. En este nivel se encuentran, por ejemplo, las grandes definiciones públicas del rol de la cultura y las artes en el desarrollo de la sociedad chilena. Por otra parte, y en un nivel más específico y ligado a la acción pública concreta y explícita, la cultura corresponde a manifestaciones culturales particulares, sus sistemas de circulación, sus códigos de interpretación específicos y los agentes sociales determinados (Garretón, 2008) cuya interrelación da origen a lo que podemos entender como campo cultural. A este nivel corresponden los instrumentos sectoriales de promoción de la cultura, especialmente a nivel jurídico y programático, tales como leyes especializadas y fondos públicos destinados al área.

En función de lo anterior, y proyectando el desarrollo histórico de las relaciones entre las dimensiones simbólica y política, es posible plantear el uso de la cultura por los Estados para construir la hegemonía lingüística e identitaria que garantiza la reproducción de un orden social determinado basado en la idea de Nación, siendo administrada por las instituciones educativas y culturales en el desarrollo de las repúblicas modernas. Dicha relación oscila entre la construcción de identidades nacionales y el establecimiento de relaciones de clientelismo político y de transmisión de ideologías específicas (CNCA, 2012a).

En efecto, la relación entre cultura y política es un elemento clave en la construcción de las identidades nacionales para las nacientes repúblicas latinoamericanas, entre las cuales Chile no es excepción, durante y después de sus procesos de independencia, hace poco más de doscientos años. Dicho desafío es asumido durante gran parte del siglo XIX por los organismos dedicados a la educación pública, entre los que destacan la Biblioteca Nacional, fundada en 1813, el Instituto Nacional, fundado en 1817; el Ministerio de Justicia, Instrucción y Culto, creado en 1837 (precursor del actual Ministerio de Educación); y la Universidad de Chile, fundada en 1842 luego de la reforma republicana a la Universidad Real de San Felipe, primera casa de estudios superiores fundada en el Chile colonial.

La importancia de estas instituciones es fundamental para el desarrollo público de la cultura en nuestro país. En el discurso inaugural de la Universidad de Chile, pronunciado por su primer rector, el venezolano Andrés Bello, se describe el lugar privilegiado que ocupa el desarrollo de las ciencias y las artes en el progreso de nuestra entonces joven República:

“Yo ciertamente soy de los que miran la instrucción general, la educación del pueblo, como uno de los objetos más importantes y privilegiados a que pueda dirigir su atención el gobierno; como una necesidad primera y urgente; como la base de todo sólido progreso; como el cimiento indispen­sable de las instituciones republicanas. Pero, por eso mismo, creo necesario y urgente el fomento de la enseñanza literaria y científica. En ninguna parte ha podido generalizarse la instrucción elemental que reclaman las clases laboriosas, la gran mayoría del género humano, sino donde han florecido de antemano las ciencias y las letras (…) ¿y cuántos temas grandiosos no os presenta ya vuestra joven república? Celebrad sus grandes días; tejed guirnaldas a sus héroes; consagrad la mortaja de los mártires de la patria. La Universidad recordará al mismo tiempo a la juventud aquel consejo de un gran maestro de nuestros días: ‘Es preciso, decía Goethe, que el arte sea la regla de la imaginación y la transforme en poesía’” (Bello, 1843).

Políticas Culturales del Chile Republicano

A lo largo del desarrollo histórico de la República de Chile durante el siglo XIX y XX observamos un progresivo desplazamiento de la gestión pública en cultura desde la dependencia de organismos dedicados a las políticas educacionales hacia la autonomía, pasando por un amplio espectro de instituciones que comparten la definición de la identidad y patrimonio cultural nacional, tales como museos, bibliotecas, entre otras (CNCA, 2012a).

Dicha tendencia comienza a hacerse patente con motivo de la conmemoración del Centenario de nuestra independencia, momento en el que –entre diversas iniciativas públicas- destaca la celebración de la institucionalidad cultural mediante la construcción de un nuevo edificio para el Museo Nacional de Bellas Artes en 1910 (fundado en 1880), la construcción de las nuevas instalaciones de la Biblioteca Nacional en 1913 (finalizada en 1925), y la creación del Consejo de Monumentos Nacionales en 1925 (bajo la administración del Ministerio de Educación) y de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos en 1929.

En el período de entreguerras y posterior a la crisis económica de 1929, observamos un proceso de consolidación democrática en América Latina que se intensifica desde la década de 1940 (Halperin Donghi, 1996), configurando un modelo de desarrollo en el que los Estados y las políticas públicas jugarán un rol clave tanto en la organización industrial de la producción a nivel nacional (a través del desarrollismo cepalino y el modelo de sustitución de importaciones), en la constitución de la estructura social y sus diferentes agentes (por medio de reformas estructurales en salud, vivienda, educación, entre otras áreas y la apertura del sistema político desde la llegada del Frente Popular -coalición de partidos de centro-izquierda- al poder en 1938), así como en sus correspondientes bases culturales, siendo un proceso que se extenderá y profundizará aún más hacia finales de la década de 1960.

Un importante hito en el reconocimiento de la cultura en el ámbito público ocurrido durante el período es la participación de Chile en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por Naciones Unidas en 1948, y en cuya Comisión de Redacción participó el jurista chileno Hernán Santa Cruz. La Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona los derechos culturales en dos artículos (Naciones Unidas, 1948):

-          Artículo 22.

“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

-          Artículo 27.

1. “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.

2. “Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”.

Hasta 2013, nuestro país ha ratificado o suscrito quince de los diecisiete tratados de derechos humanos promovidos por Naciones Unidas, habiendo ya firmado los restantes.

En relación a las políticas culturales en Chile, este período se caracteriza por el impulso de un renovado proyecto identitario nacional-popular que en materia cultural se ve reflejado en un importante desarrollo de instituciones académicas dedicadas al estudio y promoción de la cultura nacional, varias de ellas bajo el alero de organismos públicos como la Universidad de Chile. Los gobiernos de dicho período impulsan una política cultural activa por parte del Estado, desarrollando esfuerzos de democratización de las artes, la promoción de la cultura popular y los medios de comunicación (procesos llevados a cabo fundamentalmente por medio de la acción universitaria y los partidos políticos) con una importante participación de los sectores subalternos de la sociedad chilena, configurando una nueva organización de la cultura orientada a la redistribución de los bienes culturales y simbólicos de manera más extensiva en la población (Brunner, 1981); destacando particularmente las gestiones de los presidentes Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y Salvador Allende Gossens (1970-1973) (De Cea, 2011). Asimismo, durante este período se establece un importante espacio de colaboración a nivel de políticas culturales mediante la suscripción del Convenio Andrés Bello (1970), organismo iberoamericano que por más de cuarenta años ha contribuido a la integración internacional y al intercambio recíproco en materias de educación, cultura, ciencia y tecnología.

Es importante considerar además que el período que va de 1930 a 1950 ha sido considerada como la “época de oro” de la producción editorial en Chile (Subercaseaux, 2010). Producto de condiciones económicas internacionales (crisis financiera de 1929 y la Segunda Guerra Mundial) además de la expansión de los lectores nacionales producto de reformas sociales en educación, editoriales como Ercilla, Zig-Zag y Nascimento tuvieron un próspero desarrollo comercial, elaborando un catálogo diverso orientado a la masificación de la lectura. Por otra parte, estas y otras casas editoriales de menor tamaño se convirtieron asimismo en un importante canal para la discusión política en un país crecientemente ideologizado e interesado por la literatura de ideas (Subercaseaux, 2008). Dicho escenario se ve apoyado jurídicamente con la promulgación en 1970 de la Ley N°17.336 sobre Propiedad Intelectual, organizando los derechos y prerrogativas de los autores y creadores nacionales. Por otra parte, uno de los principales hitos en el proceso de democratización cultural que caracteriza al período es el sostenido desarrollo de los medios de comunicación. Junto con la consolidación de la radio, que llega a Chile en 1922 mediante la gestión de la Universidad de Chile, asistimos a la instalación de las primeras señales televisivas. Ya en 1957 se inician las transmisiones del primer canal de televisión en nuestro país, dirigidas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; seguidas por la señal de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1959 y de la Universidad de Chile en 1960. Por su parte, la estación estatal Televisión Nacional de Chile inicia sus transmisiones en el territorio nacional en 1969. El primer avance en la regulación de la televisión en nuestro país se da por medio de la creación del Consejo Nacional de Televisión en 1970, a través de la Ley N° 17.377. Por otra parte, y en términos generales, la presencia de la universidad pública a nivel nacional, el desarrollo de la Nueva Canción y de los sellos discográficos, del cine, el desarrollo de las artes escénicas (con importantes precedentes desde los años ’40) y una diversa escena de artes visuales son algunas de las características del campo cultural nacional de la época, bajo un modelo de fuerte mecenazgo estatal (De Cea, 2011).

Es en este período en que se reforma el Departamento de Cultura y Publicaciones del Ministerio de Educación (1970), el que además de promover la oferta cultural da un fuerte impulso a la creación artística a nivel comunitario (De Cea, 2011). Esta es una característica fundamental del gobierno socialista de Salvador Allende, para el cual la cultura emerge a partir de “la lucha por la fraternidad y contra el individualismo, la valoración del trabajo humano contra su desprecio, los valores nacionales contra la colonización cultural; por el acceso de las masas populares al arte, la literatura y los medios de comunicación contra su comercialización” (Unidad Popular, 1970). El Estado garantizaría el derecho del pueblo a la educación y la cultura, entendiéndola como principio ideológico de la identidad revolucionaria, profundizando la democracia a partir del ejercicio del poder popular en todos los ámbitos de la vida social, estableciendo un delicado equilibrio entre principios universalistas y la autonomía individual (Rojo, 2003).

En función de lo anterior, y a petición de los trabajadores en huelga de la Editorial Zig-Zag, en 1971 el Estado chileno adquiere dicha casa editorial y funda la Editora Nacional Quimantú (“sol del saber” en idioma mapudugú). La Editorial Quimantú desarrolla un proceso de extensión de la población lectora, continuando la base iluminista y mesocrática propia de los gobiernos anteriores, masificando la producción aunque adoleciendo eventuales problemas de mercado dada la relativa ausencia de mecanismos de planificación (Subercaseaux, 2003). Asimismo, durante el año 1972 se creó el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, cuya colección se conformó a partir de importantes donaciones internacionales.

Políticas Culturales en Dictadura

La polarización ideológica a nivel internacional y las dificultades del Estado de Compromiso latinoamericano (Weffort, 1970) para administrar las presiones y demandas de los diversos grupos sociales fortalecidos políticamente, las que exceden las capacidades políticas y económicas del sistema (Valenzuela, 1978) durante las cuatro décadas precedentes bajo su alero, llevaron a un proceso de radicalización que desencadena una serie de golpes de estado en diversos países del Cono Sur, instalando gobiernos autoritarios en Brasil (1964), Perú y Panamá (1968), Bolivia (1970), Ecuador (1972), Uruguay y Chile (1973), y Argentina (1976), entre otros pronunciamientos militares (Rouquié & Suffern, 1997).

En el caso chileno, y como es una característica propia de los procesos de instalación de gobiernos autoritarios “contrarrevolucionarios” (Rouquié & Suffern, 1997), se vivió el desmantelamiento de las políticas culturales democratizadoras desarrolladas durante los primeros dos tercios del siglo XX, mediante la desarticulación de los aparatos culturales oficiales, especialmente aquellos vinculados a las organizaciones culturales territoriales y a los partidos políticos de izquierda y centro; entregando tribuna y espacios de circulación a agentes vinculados estrechamente con la derecha política del país (Errázuriz, 2006).

Dicha reestructuración de los espacios oficiales de promoción de la actividad artística y cultural, contempló la intervención militar de las universidades y la reorientación de algunas instituciones ya existentes. En efecto, la Editora Nacional Quimantú es transformada en 1974 en la Editorial Nacional Gabriela Mistral, organismo dedicado a la publicación de material de propaganda antimarxista, cuya administración errática llevó rápidamente a su quiebra y cierre definitivo en 1976 (Jara, 2011). Es sabido, además, que el campo artístico y cultural de Chile se vería afectado por el exilio, tortura y asesinato sistemático por parte del Estado de artistas y creadores vinculados a la oposición al régimen, profundizando la polarización política e instalando un régimen de terror cuyas consecuencias caracterizarán a la sociedad chilena hasta el día de hoy (Garretón, 2007). Este escenario ha sido comúnmente caracterizado como “apagón cultural”, apelativo que refleja la aparente paralización de la actividad cultural ocurrida con la instalación del régimen militar (Weinstein, 2005). Sin embargo, tal apreciación no haría justicia a la permanente actividad cultural que se desarrolló de manera clandestina, operando como una efectiva resistencia estética en el campo cultural durante la dictadura militar (Brugnoli, 2003). Esto se vería reflejado en movimientos artísticos como el muralismo, el Canto Nuevo, la performance, el video arte, entre muchas otras manifestaciones.

Sin perjuicio de la aparente falta de sistematicidad de las políticas culturales de la dictadura, del sesgo político que promovieron y del profundo daño a la democratización sostenida que la sociedad chilena venía experimentando (Rivera, 1983), es imposible negar la existencia de directrices políticas y programáticas que orientaron a la Junta Militar de Gobierno respecto del ámbito cultural, dirigidas a la promoción de la “alta cultura”, en un sentido conservador, elitista e ilustrado (Catalán & Munizaga, 1986), en contraposición a la participación comunitaria y a las instituciones mesocráticas del período precedente. En términos analíticos, la política cultural del autoritarismo en Chile se caracterizaría por el abandono relativo del rol estatal a nivel central en la promoción y difusión de la cultura, entregando su regulación al mercado bajo el principio del Estado Subsidiario; por la pérdida del carácter plural de la construcción de sentido público, siendo reemplazado por la administración de los agentes ideológicos del nuevo poder; por la ampliación de las bases técnicas de la recepción privada de bienes culturales (por medio de la televisión y los efectos de la expansión escolar llevada a cabo desde los 60); y por el uso de los recursos represivos del Estado ya no bajo términos jurídicos, sino simbólicos, generando una guerra sobre la base de la ideología del enemigo interno contra la memoria social de Chile (Brunner, 1988).

En efecto, ya en el año 1975, por medio del equipo de asesores en materia cultural del régimen autoritario, se publica la Política Cultural del Gobierno de Chile, documento que reconstruye una narrativa nacional esencialista de derecha, proclama al Gobierno Militar como garante de los ideales, aspiraciones y necesidades del “deber ser nacional” y que –entre sus principales objetivos y orientaciones- propone la necesidad del apoyo a la cultura desde y hacia todos los estratos de la sociedad, buscando la satisfacción de las necesidades espirituales de la ciudadanía en tanto fuente de necesidades materiales superiores, el recurso a criterios de eficiencia económica, el desarrollo científico al servicio de la producción, la consciencia geopolítica respecto del territorio nacional, y la necesidad de inculcar formas más cultas de convivencia (Junta Militar de Gobierno, 1975a: 9-14).

Por lo tanto, si bien vemos el reconocimiento de la cultura como un elemento clave para el desarrollo social, esta sólo es relevante en tanto se entienda supeditada a la búsqueda del desarrollo económico, efectivamente suspendiendo la especificidad simbólica de la dimensión cultural y su proyección a nuevos modelos políticos de sociedad. Asimismo, el documento mencionado indica que tales orientaciones políticas se verían acompañadas programáticamente por el desarrollo de acuerdos internacionales, la territorialización de la gestión pública en cultura (a través de la creación de los Institutos Culturales Comunales), la promoción de la iniciativa privada, y la intervención de instituciones educacionales (denominada “pacificación”. Op.cit: 87).

Es durante este período, y en especial durante la década de 1980, que en términos de política pública en Chile se abandona el modelo de Estado Benefactor, caracterizado por una fuerte incidencia pública en la organización de las riquezas sociales; reemplazándose por los principios de un Estado subsidiario, de menor tamaño y atribuciones, y orientado a promover la acción privada y de la sociedad civil en un modelo económico neo-liberal (Mesa-Lago, 2000). La reducción de las responsabilidades estatales a nivel central en la gestión pública se ve compensada con el desplazamiento de tales obligaciones hacia el nivel territorial, lo que en materia de cultura y arte se aprecia específicamente en la municipalización de las instituciones educativas públicas primarias y secundarias, y la ya mencionada creación en 1975 de los Institutos Culturales Comunales, los que en 1977 serán reemplazados por las Corporaciones Culturales de los Municipios. Si bien dicha transformación obedece a la búsqueda de una mayor incidencia de la población local en la toma de decisiones en materia cultural, conllevó (de manera especialmente crítica en el sistema educacional) la dependencia de las políticas culturales en las desiguales capacidades administrativas y financieras distribuidas heterogéneamente en los diversos gobiernos regionales del territorio nacional. Sin perjuicio de lo anterior, las instituciones públicas centrales verán algunos avances tales como la creación del Departamento de Extensión Cultural del Ministerio de Educación y de la Dirección de Asuntos Culturales (DIRAC) del Ministerio de Relaciones Exteriores, ambos organismos implementados en 1978; y con una reforma al Consejo Nacional de Televisión durante los últimos meses de 1989 (Ley N° 18.838).

Procesos de democratización, discusiones internacionales y políticas culturales

Las dictaduras militares llegan a su fin en un proceso de deslegitimación política transversal a gran parte de los países del Cono Sur durante la década de 1980 (Rouquié & Suffern, 1997). En Chile, dicho escenario derivó en la realización un plebiscito en 1988, que determinó la realización de elecciones presidenciales en el año siguiente. Producto de ello, el día 11 de marzo de 1990 asume como Presidente democráticamente electo Patricio Aylwin Azócar con el apoyo de la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de partidos políticos de centro-izquierda conformada en 1988 luego del reconocimiento formal de los partidos políticos en Chile en 1987.

Los Estados en América Latina, en un período que busca la reconstrucción del tejido social luego de la caída de los gobiernos autoritarios en la región, han manifestado un mayor interés en el desarrollo del campo cultural. Fenómenos como la expansión de la ciudadanía, y el resguardo de un sello identitario local en un contexto de acelerada globalización configuran un escenario en el que los Estados se dotan de institucionalidad pública para la protección del patrimonio, la participación ciudadana en cultura y la promoción de las artes, iniciativas vistas como herramientas de profundización de la democracia (CNCA, 2012a). En el caso de Chile, la transición democrática y la mundialización cultural abren un debate respecto de las identidades y del modo de organización pública de la cultura (De Cea, 2011).

Se trata de un período en que se asume el debate internacional sobre políticas culturales que se desarrolla desde la década de 1960, el que adquiere mayor intensidad desde la década de 1980 al alero de organismos supranacionales como UNESCO. En efecto, el estudio sobre legislación cultural andina encargado por UNESCO y realizado en 1982 identifica entre las principales características de los marcos jurídicos relativos al arte y la cultura en la región elementos tales como la organización institucional de la acción cultural de los poderes públicos, la protección del patrimonio cultural, la promoción y apoyo de la creación artística e intelectual, la seguridad social de los creadores, la protección de los derechos de autor, la protección del folklore, entre otras áreas (Harvey, 1982).

Uno de los hitos fundamentales en materia de reflexión y propuestas sobre políticas culturales lo constituye la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (Mondiacult), celebrada durante 1982 en México. En dicha Conferencia se discuten algunas de las dimensiones básicas de las políticas culturales, las que influenciarán de manera determinante el diseño de iniciativas públicas relativas a las artes y la cultura en América Latina y en Chile durante los siguientes treinta años. En dicho encuentro se aprobó el documento de la Declaración de México sobre las Políticas Culturales, el que establece principios como la identidad cultura y la diversidad, la dimensión cultural como eje del desarrollo equilibrado, la democratización y participación de la ciudadanía en la cultura, la defensa del patrimonio cultural material e inmaterial, la promoción de la creación y la educación artística en la población, la importancia de la cooperación internacional, de la planificación y el financiamiento públicos, y el incipiente reconocimiento de la importancia de las industrias creativas, constituyendo de este modo la base de una nueva conceptualización sobre las políticas culturales para los Estados (UNESCO, 1982). La Declaración de México sobre las Políticas Culturales abrió un debate regional en dos ejes: por una parte, relativo al fortalecimiento de las áreas tradicionales de acción pública en cultura, tales como la creación, difusión, el patrimonio, la participación y las industrias culturales; por otra parte, una discusión relativa a las identidades, que cuestiona las bases de la idea de Nación y su institucionalidad cultural vigente, promoviendo el reconocimiento de la diversidad, multietnicidad, pluriculturalidad, interculturalidad y plurinacionalidad (Mejía Arango, 2009).

 

Desde los años ’80 en América Latina se registró un importante proceso de autonomización y fortalecimiento e institucionalización de las políticas culturales; ejemplificado en la creación del Ministerio de Cultura en Brasil (1985) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en México (1989), dando continuidad a la institucionalización de la cultura llevada a cabo desde los años 60 y 70 en países como Bolivia, Perú, y Venezuela. En el nuevo milenio, dicha tendencia se profundiza a través de la creación de instituciones tales como el Ministerio de Cultura en Colombia (1997), la Secretaría de Cultura de la Nación de la República Argentina (2002), el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en Venezuela (2005), la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay (2006), el Ministerio de Cultura de Ecuador (2007), el Ministerio de Cultura de Perú (2010), entre otros avances. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario destacar que el desarrollo institucional de los distintos países de la región nos entrega importantes y sistemáticos avances desde la década de 1950 (CNCA, 2012a).

En Chile es posible observar el mismo proceso de autonomización, en un desplazamiento que permite el progresivo desanclaje de la cultura de los organismos educacionales y su institucionalización a través de entidades públicas ligadas a temáticas identitarias de la población nacional, como las de juventud, deportes, turismo y pueblos originarios (CNCA, 2012a). En relación a lo anterior, este proceso de autonomización se da de manera paralela a la restitución de los canales de participación ciudadana en el sistema político nacional. En cierta medida, la expansión de la institucionalidad pública en Chile responde al desplazamiento de los ejes de articulación de la vida social del país, desde dimensiones político-económicas hacia su complementariedad con dimensiones de tipo ambiental, étnico y cultural. El Estado chileno de los últimos veinte años se caracterizaría por establecer mecanismos de corrección al modelo de desarrollo heredado del período autoritario, introduciendo elementos basados en criterios de sustentabilidad y de reconocimiento sociocultural de los diversos agentes sociales de Chile, respondiendo de este modo a las transformaciones contemporáneas de la sociedad chilena. Ya en el programa del primer gobierno electo democráticamente después de la dictadura (Concertación de Partidos por la Democracia, 1989) se establece la restitución de la protección de los Derechos Humanos, entre los que se incluyen la expansión del sistema político, la reparación de las víctimas de la violencia política, el establecimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la protección del medio ambiente y la plena incorporación social de la mujer. Destacan en este sentido la creación del Instituto Nacional de la Juventud y del Servicio Nacional de la Mujer en 1991, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) en 1993 y de la Comisión Nacional de Medio Ambiente en 1994 (actualmente Ministerio de Medio Ambiente). Este escenario puede ser interpretado como una revaloración y expansión de las atribuciones del Estado en materia cultural, tanto en Chile (Garretón, 2008) así como en América del Sur, siguiendo de cerca las indicaciones de instituciones supranacionales como UNESCO (CNCA, 2012a).

En materia de políticas culturales, en el programa del primer gobierno democráticamente electo después del régimen militar se enarbolan los principios de la libertad de pensamiento y creación, el acceso y la participación, el pluralismo cultural, la autonomía de la cultura (sin estar al servicio de otros fines que ella misma), el diálogo y la apertura en oposición a la confrontación a nivel nacional e internacional, la protección del patrimonio, la promoción de la actividad cultural comunitaria y local, el apoyo a la iniciativa privada en la producción de las industrias culturales y la profesionalización del arte. En términos institucionales, la Concertación se comprometió a analizar y estudiar la sistematización de la acción de los distintos órganos públicos dedicados a la cultura mediante la coordinación de una institución central. Esta última discusión tendrá una presencia permanente en los gobiernos desde el fin de la dictadura hasta el nuestros días. En relación a la institucionalidad, el período que se inaugura con el retorno de la democracia formal se caracterizará por un importante desarrollo en dos niveles: por una parte, en la “institucionalidad organizacional u orgánica”, es decir, las instituciones y organizaciones estatales relacionadas con el ámbito de la cultura; y por otra, la “institucionalidad normativa”, correspondiente al conjunto de leyes y normas referidas al campo cultural (Garretón, 2008). Ambos niveles se encuentran estrechamente relacionados, en tanto la administración institucional requiere además apoyos legislativos para normar las relaciones entre los distintos agentes culturales.

En 1990, y en el marco de una reforma tributaria cuyo trámite fue extraordinariamente expedito, se promulga la Ley de Donaciones Culturales (correspondiente al artículo 8 de la Ley N° 18.985, conocida como “Ley Valdés”, debido a su promoción por el abogado y senador Gabriel Valdés), en la que se establecen mecanismos para la donación de recursos económicos para universidades y establecimientos de educación superior públicos y privados, corporaciones y fundaciones sin fines de lucro por parte de contribuyentes empresas con al menos un 50% de capitales privados, obteniendo los últimos un beneficio tributario respecto de un porcentaje definido de sus utilidades. De este modo, se inaugura un mecanismo de financiamiento mixto que ha sido objeto de una interesante discusión relativa a los agentes que definen las orientaciones en el financiamiento público y las posibilidades de la autonomía del campo artístico (Navarro, 2006; Garretón, 2008).

En 1991 se crea la Comisión para la Cultura, equipo asesor del Presidente de la República dirigido por el destacado sociólogo Manuel Antonio Garretón (Comisión Asesora Presidencial, 1991), la que entre sus conclusiones se identifica por primera vez la necesidad de la coordinación de los organismos públicos de cultura bajo una institución superior. Esta comisión es relevante al poner de manifiesto en el desarrollo de las políticas culturales del país la permanente colaboración entre intelectuales, científicos, artistas y miembros de la sociedad civil, característica que caracterizará las diversas iniciativas de gestión pública de la cultura durante los siguientes años (De Cea, 2010).

Este período se caracteriza por un importante desarrollo de instrumentos de promoción al campo cultural. Además de la ya mencionada Ley de Donaciones Culturales, y tomando como referentes la institucionalidad francesa, británica, argentina y mexicana, en 1992 se crea el Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura (FONDART), el que operó hasta 2003 mediante disposiciones anuales de la Ley de Presupuestos. Del mismo modo, hasta 1997 contaba con una línea única de concursos, la que entonces se diversificó cubriendo tanto el ámbito regional así como el nacional.

FONDART, entonces como hoy, es el principal instrumento de financiamiento público para el desarrollo del campo cultural, cumpliendo ya más de veinte años de apoyo sostenido a los agentes culturales, sin por ello estar exento de permanentes críticas por parte de la ciudadanía relativas a los mecanismos de postulación y criterios de asignación de recursos. Dicho instrumento verá una importante reestructuración en 2003, mediante la Ley N° 19.891, que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y formaliza jurídicamente FONDART, denominándole Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. De manera casi paralela, en 1992 se vuelve a reformar el Consejo Nacional de Televisión (Ley N° 18.838); mientras que en 1993 se crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, administrado por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, cuyo funcionamiento es regulado por la Ley N° 19.227.

El programa de gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), el segundo de la coalición Concertación de Partidos por la Democracia, además de manifestar la continuidad del proyecto iniciado durante el gobierno anterior, pone un énfasis en la superación de la pobreza, el aumento de la competitividad, la ampliación de la democracia y descentralización en el nivel de los gobiernos regionales y locales, la promoción de los derechos humanos en la legislación nacional de acuerdo a la normativa internacional, el desarrollo sustentable, el fortalecimiento de la política exterior y la modernización del Estado, entre otras áreas. En lo referente a políticas culturales, la cultura se percibe como una clave para el desarrollo del país, reconociendo sus relaciones con la educación y la ciencia. Desde este punto de vista, la equidad en materia de educación, el decidido impulso al desarrollo científico y el pluralismo en la creación cultural se estimulan mutuamente en tanto elementos para el progreso y la democratización del país. Respecto de los objetivos específicos en materia cultural, el programa propone apoyar la creación artística y la formación de talentos, resguardar el patrimonio cultural, el reconocimiento de los pueblos originarios, la circulación de nuestra cultura a nivel nacional e internacional, la profesionalización de la gestión cultural, el perfeccionamiento de la coordinación de las actividades y políticas culturales, e impulsar el financiamiento mixto de la cultura (Frei, 1993).  

Durante este gobierno se dan importantes discusiones relativas a las políticas culturales y la institucionalidad cultural de Chile. A modo de ejemplo, en 1996 se lleva a cabo el Encuentro de Políticas Públicas, Legislación y Propuestas Culturales, realizado por iniciativa del Congreso Nacional. El año siguiente, y a partir de las reflexiones compartidas en el Encuentro anterior, el gobierno convoca la Comisión Asesora Presidencial en Materias Artístico Culturales, presidida por el destacado investigador especialista en arte e intelectual nacional Milan Ivelic, entre cuyas temáticas generales se retoma la discusión sobre una institucionalidad especializada que coordine las políticas culturales, destacándose la labor profesionalizada del gestor cultural, propuestas desarrolladas bajo la idea de que el Estado de Chile se encuentra en deuda con el campo artístico del país (Comisión Asesora Presidencia, 1997). En consideración de dichas recomendaciones, durante 1998 el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presenta un proyecto de ley para una nueva institucionalidad cultural, el cual proponía la creación de una Dirección Nacional de Cultura, la que agruparía todos los organismos dedicados a cultura (DIBAM, Dirección de Extensión Cultural del Ministerio de Educación, Departamento de Cultura del Ministerio Secretaría General de Gobierno, DIRAC, Consejo de Monumentos Nacionales, Consejo Nacional del Libro y la Lectura), además de crear un Fondo Nacional de Desarrollo Cultural. Dicho proyecto fue cuestionado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, pasando a un proceso de revisión y reelaboración.

Durante el gobierno del Presidente Frei, específicamente en 1999, se dio inicio a una de las iniciativas más interesantes en lo referente al diseño de políticas culturales y participación ciudadana: los Cabildos Culturales, convocados por medio de la División de Cultura del Ministerio de Educación. Creados con el objetivo de canalizar los intereses de la ciudadanía y discutir diferentes propuestas para el diseño de la nueva institucionalidad cultural del país, se realizaron 268 Cabildos Locales, los que fueron seguidos por cuatro Cabildos Nacionales, realizados entre los años 2000 y 2003. Los Cabildos Culturales son el antecedente directo de las Convenciones Nacionales y Zonales de Cultura, que se realizan con participación de autoridades, funcionarios, especialistas, artistas y gestores culturales de manera anual bajo el alero del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en los cuales se discuten las principales orientaciones de política cultural desde el año 2004 hasta el día de hoy. No obstante lo anterior, y aun considerando las complejidades de organización y sistematización de propuestas, es necesario indicar que Chile no ha vuelto a ver un espacio de discusión sobre el desarrollo nacional de la cultura con principios de participación tan amplios y democráticos como los Cabildos Locales, siendo un importante hito en el democratización del campo cultural.

Por otra parte, el gobierno del Presidente Frei se caracterizó por la importancia que se le dio a la cooperación internacional e integración del Chile al mundo, característica que no es exclusiva de nuestro país. En efecto, la integración regional desde la década de 1990 del siglo recién pasado es una característica de nuestra región. Entre las principales conclusiones del estudio Los Estados de la Cultura (CNCA, 2012a), es que la cooperación internacional es uno de los principales logros y a la vez una de las más importantes oportunidades de desarrollo institucional para las políticas culturales de Chile y América Latina. La colaboración internacional de Chile en materia de cultura se ve reflejada en la participación en organizaciones supranacionales tales como la Organización de Estado Americanos, siendo miembro desde la creación del organismo en 1948; y el MERCOSUR, en calidad de país asociado desde 1998. Este último organismo es de especial importancia dada la activa colaboración de Chile en el MERCOSUR Cultural y en el Sistema de Información Cultural del Mercosur (SICSUR), creado en 2006. Este último organismo se ha constituido en una de las principales plataformas de colaboración regional en materia de cultura, facilitando el intercambio de información y estudios para el diseño de políticas culturales.

El programa de gobierno de la candidatura del Presidente de la República Ricardo Lagos utiliza como concepto central la idea de estimular el crecimiento y desarrollo social bajo principios de igualdad. El inciso 7 del documento titulado “Para crecer con igualdad” (Lagos, 1999), expone los principios de la política cultural, promoviendo una cultura libre y al alcance de todos. De acuerdo a sus planteamientos, convivirían las funciones del Estado y del mercado en lo relativo a la promoción, difusión y aseguramiento de los derechos culturales. Sin embargo, la principal responsabilidad se atribuye a la iniciativa de las personas, sus organizaciones y asociaciones, resaltando de este modo el carácter vivo de la cultura, así como también limitando las responsabilidades públicas en la materia. Bajo la gestión del Presidente Lagos (2000-2006), se formula un documento de política cultural (Ministerio Secretaría General de Gobierno, 2000) el cual retoma las orientaciones propuestas durante su campaña y que caracterizan la gestión pública de la cultura de los últimos veinte años, entre ellas la ampliación de la libertad, la recuperación de espacios públicos, la expansión de la actividad artística, el desarrollo de las industrias culturales, la protección del patrimonio, el reconocimiento de la diversidad y de los pueblos originarios, estimular la complementariedad entre Estado y mercado, el perfeccionamiento de la institucionalidad cultural, el desarrollo de la cooperación e intercambio internacional, y la expansión de la infraestructura cultural del país.

Durante 2001 se promulga la Ley N° 19.721 que establece modificaciones a la Ley de Donaciones Culturales, ampliando significativamente la extensión de sus beneficiarios, incluyendo organizaciones comunitarias, museos y bibliotecas públicas y privadas sin fines de lucro, y el Consejo de Monumentos Nacionales, incorporando además la posibilidad de que los beneficiarios reciban otros aportes fiscales mediante fondos regionales. Asimismo, se facilita la iniciativa privada al permitir la donación en especies, la comercialización de las iniciativas financiadas y la donación por medio de herencias. Asimismo, se encarga la revisión del proyecto de ley presentado durante el gobierno anterior, dando origen al texto que finalmente se convertirá en la Ley 19.891, que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y reestructura el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes.

En 2003 se promulga la Ley N° 19.891, que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) y formaliza jurídicamente el FONDART, bajo el título de Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. La creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes marca el paso desde acciones dispersas a favor de las artes hacia una institución coherente, cuya planificación alcanza tanto el nivel nacional así como el regional, y que cuenta con la intervención y participación del sector público y de la sociedad civil. En efecto, los asuntos culturales se encontraban repartidos entre diversos organismos estatales, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio Secretaría General de Gobierno, y sería la respuesta a una base identitaria de la cultura nacional difusa y de una ciudadanía que difícilmente se reconoce en ella, producto de las complejas relaciones con la herencia europea, los pueblos originarios, y los procesos migratorios que han caracterizado la historia de nuestro país (PNUD, 2002; Bengoa, 2007; De Cea, 2011). En el plano legislativo, a mediados de la década de 1990 existirán más de trescientas leyes referidas de manera directa o indirecta al campo cultural, muchas de ellas obsoletas y contradictorias entre sí (Garretón, 2008).

Fortalecimiento de la institucionalidad cultural pública: el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Para el desarrollo de la institucionalidad orgánica en Chile, los principales modelos existentes considerados como referencia corresponden al Ministerio de Cultura, de características centralistas; y los Consejos de Cultura, con un carácter más flexible (Garretón, 2008). Desde este punto de vista, el Ministerio de Cultura de Francia, la institucionalidad cultural del Reino Unido, y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CONACULTA) de México constituyen ejemplos particulares examinados por las autoridades para la propuesta específica del nuevo organismo cultural del Chile postdictadura. Efectivamente, la creación en 1989 de CONACULTA acompañado por el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fonca) constituye un hito regional para la planificación de la acción pública en materia de cultura, entregando herramientas de promoción al arte y cultura mexicanos y estableciendo precedentes para la vinculación del sector privado en el campo cultural (Miller & Yúdice, 2002). CONACULTA será el referente más cercano para la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la reformulación del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes en Chile en 2003.

No obstante, el modelo institucional chileno es esencialmente mixto -como es la tendencia en los países de la región (CNCA, 2012a), articulando tanto las capacidades de un modelo central en términos de financiamiento y toma de decisiones con las prerrogativas de un modelo territorialmente descentralizado, contemplando una importante participación de la sociedad civil y en particular de los agentes del campo cultural, tanto en términos de dirección política así como de elaboración de proyectos específicos. En efecto, la conformación del Directorio Nacional -órgano de dirección superior del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes-  incluye, además de un Presidente del Consejo con calidad de Ministro de Estado y la presencia de otras reparticiones públicas como los Ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores, la participación de personalidades de la cultura, académicos representantes de las universidades públicas y privadas, y un miembro galardonado con el Premio Nacional del Ministerio de Educación. Del mismo modo, el Comité Consultivo Nacional, órgano consultor del Directorio Nacional, se encuentra compuesto por miembros de la comunidad artística, especialistas en patrimonio cultural, representantes de industrias culturales, de los pueblos originarios y de las instituciones de educación superior. Dicha estructura representativa se replica a nivel territorial en los Consejos Regionales de la Cultura y las Artes. El emplazamiento de la sede central del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en la ciudad de Valparaíso es también un gesto dirigido a la descentralización de la gestión pública, aspirando a constituir un polo de desarrollo que contrarreste el predominio de la capital del país en materia cultural.

Los objetivos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes contemplan el apoyo al desarrollo de las artes y la difusión de la cultura; contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural de la Nación; y promover la participación ciudadana en la vida cultural del país. Al Consejo le corresponde la responsabilidad de diseñar, implementar y evaluar las políticas culturales de la Nación a nivel nacional y en el exterior, desarrollar estudios e investigaciones del campo cultural y un sistema de información cultural para el país, apoyar la participación, creación y difusión artísticas, vincularse con el sistema educativo formal para promover la educación artística, profesionalizar la gestión cultural, impulsar el desarrollo de la infraestructura cultural, apoyar las industrias creativas, coordinar la acción de otros organismos públicos relacionados con cultura, entre otras atribuciones (Congreso Nacional de Chile, 2003).

Como respuesta a la creciente importancia de las industrias culturales y creativas, en 2004 se promulga la Ley N° 19.928 sobre Fomento de la Música Chilena, que crea bajo el alero del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes el Consejo de Fomento de la Música Nacional y el Fondo para el Fomento de la Música Nacional. En noviembre del mismo año se promulga la Ley N° 19.981 sobre Fomento Audiovisual, que crea el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual y el Fondo de Fomento Audiovisual. En conjunto con el Consejo Nacional del Libro y la Lectura y su correspondiente Fondo público, estos instrumentos buscan autonomizar la gestión pública de las industrias culturales, restringiendo las atribuciones del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes exclusivamente a aquellas disciplinas o ámbitos cuya envergadura económica no les permitiría ser consideradas como industrias propiamente tales. Otro importante avance legislativo de la época, ligado al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, es la Ley N° 19.889, que regula las condiciones de trabajo y contratación de los trabajadores de artes y espectáculos.

Una vez consolidada la organización operativa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, uno de sus primeros hitos fue la publicación del documento de políticas culturales “Chile quiere más cultura. Definiciones de política cultural 2005-2010” (CNCA, 2005c), el que pretende ser el mapa de navegación de la acción pública para el campo de la cultura. Recogiendo las discusiones llevadas a cabo en el marco de la I Convención Nacional de Cultura organizada por el Consejo en 2004, el documento canaliza una sensación de optimismo respecto del futuro de la institucionalidad cultural chilena y de sus aportes al campo cultural del país; tanto así que en su prólogo el entonces Ministro Presidente del Consejo José Weinstein dirá que “una primavera cultural se ha instalado en el país en este cambio de siglo”. El documento considera que el foco de las políticas culturales del país han estado centradas en el apoyo a la creación artística, opinión compartida por algunos investigadores (Antoine & Brablec, 2011), y plantea la necesidad de la expansión de la acción pública con el fin de garantizar el acceso a la cultura, priorizar el tema patrimonial, mejorar la calidad de los medios de comunicación y apoyar decididamente a las industrias culturales. La política cultural de este período se apoya en los principios de la afirmación de la identidad y la diversidad cultural, la libertad de creación, la participación democrática, el rol insustituible del Estado, la preservación y difusión del patrimonio, la igualdad en acceso al arte, los bienes culturales y las tecnologías, la descentralización y la inserción de Chile en el mundo.

Las políticas culturales del gobierno del Presidente Ricardo Lagos fueron recogidas por la campaña presidencial de la primera presidenta mujer de nuestro país: Michelle Bachelet, cuyo gobierno cubrió el período entre los años 2006 y 2010. Su programa de gobierno, redactado en 2005, establece la cultura como un eje de desarrollo y como un elemento fundamental para la integración de nuestra sociedad, sobre la base del reconocimiento de los derechos humanos, con un especial énfasis en los pueblos originarios (Bachelet, 2005). El capítulo del programa correspondiente a las propuestas en materia cultural, en directa correspondencia con la política cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes publicada el mismo año, manifiesta el interés de desarrollar una política cultural de Estado, que trascienda los gobiernos, democratice el acceso a la cultura, promueva la educación artística, descentralice la oferta y gestión pública de la cultura, respete la diversidad cultural y las identidades, proteja el patrimonio, promueva la creación artística y estimule la industria editorial y la lectura. Si bien gran parte de las propuestas de dicho documento vieron dificultades que impidieron su cabal cumplimiento (como por ejemplo los casos de la colaboración efectiva entre CNCA y el Ministerio de Educación para incorporar la educación artística en el currículum escolar, y la creación del Instituto del Patrimonio), hubo importantes avances relativos a la implementación del Programa de Centros Culturales en 2007, y un marcado aumento del presupuesto público en materia cultural y la adopción en 2009 del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, y como un importante reconocimiento a las culturas populares y al patrimonio cultural del país, en 2007 se promulga la Ley N° 20.216, que establece normas en beneficio del circo chileno.

Ya cerca del término del gobierno de Michelle Bachelet, la Concertación de Partidos por la Democracia enfrenta dificultades en mostrar un proyecto político unificado que efectivamente conduzca las demandas sociales (como por ejemplo, las del movimiento estudiantil) por medio de un diseño político y de propuestas que vayan más allá de la resolución de problemáticas contingentes (Garretón, 2007), situación que se suma a un creciente desprestigio social del sistema político y sus agentes. El resultado de este escenario es que las elecciones presidenciales de 2009 arrojaron como triunfador a Sebastián Piñera, el primer Presidente de la República abiertamente de derecha desde el golpe militar.

El Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera (2010-2014) proclama el agotamiento de la Concertación de Partidos por la Democracia, proponiendo objetivos relativos al incentivo de las oportunidades de emprendimiento, el fortalecimiento de seguridades sociales particulares, el fortalecimiento de determinadas instituciones estatales, y el apoyo de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida; esto en el contexto único que representa la oportunidad de celebrar bajo su gobierno el Bicentenario de nuestra República. En materia cultural, el programa propone el desarrollo de una verdadera industria cultural que aporte al desarrollo integral, la sustentabilidad y la presencia de Chile en los mercados internacionales. Considerando el foco industrial, que permeará todas las iniciativas en materia cultural, las definiciones de política cultural no son muy distintas a las de gobiernos anteriores. Entre ellas se cuentan el incentivo a la diversidad cultural, el aumento del financiamiento de la creación cultural, la promoción de la participación en cultura (desde una perspectiva basada en la idea de una alta cultura a ser transmitida a sectores “vulnerables”), la renovación del estímulo a la lectura, la protección y financiamiento del patrimonio cultural y natural, la internacionalización de los “productos” culturales chilenos, la consolidación de la infraestructura cultural, el perfeccionamiento de la Ley de Donaciones Culturales, la descentralización de la cultura en las regiones, y el reconocimiento de la sociedad del conocimiento y de las tecnologías como espacio de oportunidades.

Es importante notar que el año de inicio del gobierno del Presidente Piñera coincidió con el término de la vigencia del documento de políticas culturales “Chile quiere más cultura”. Dado que la selección de miembros del Directorio Nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (encargados por ley de la redacción del documento de orientaciones en materia de políticas culturales) no se corresponde de manera directa con los períodos de gobierno de los Presidentes de la República, el término de vigencia del documento mencionado genera una importante oportunidad para la formulación políticas culturales que articulen de manera directa las propuestas de gobiernos anteriores con las disposiciones propias del nuevo gobierno de derecha. Para la confección del nuevo documento de políticas culturales, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes dirigió un importante proceso consultivo apoyado en encuentros de reflexión y medios digitales, que complementó las discusiones hasta ese momento ya regulares que tienen lugar en las Convenciones Nacionales y Zonales de Cultura. Asimismo, fueron relevantes los compromisos del poder ejecutivo en la materia, además de las recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil.

Titulado sencillamente “Política Cultural 2011-2016” (CNCA, 2011a), el documento propone un ordenamiento lógico entre actividades y objetivos, mediante una metodología que adapta herramientas tradicionales de planificación pública tales como la matriz de marco lógico. De este modo, cada “objetivo” de política cultural se abre en diversos “propósitos”, los que a su vez se operacionalizan por medio de estrategias. De este modo, el cumplimiento de las estrategias supone el logro de los propósitos superiores, cumpliendo por tanto los objetivos propuestos. Los objetivos de la política cultural se articulan alrededor de los ámbitos de acción del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, según se establecen en la Ley N° 19.891; a saber: fomento de la creación artística, protección y difusión del patrimonio cultural, y promoción de la participación ciudadana en cultura. Entre los objetivos de la política cultural del Estado de Chile hasta 2016 se encuentran el fortalecimiento de la creación artístico-cultural, fomentar las industrias culturales como motor del desarrollo, fortalecer el marco normativo de la cultura, internacionalizar los bienes y servicios culturales chilenos, promover el reconocimiento de los derechos de autor, fomentar la adopción de plataformas digitales de creación, &
Capítulo publicado: 05-01-2014



EN | ES